* Gobierno digital fortalece la transparencia y mejora los servicios públicos: Adriana Campos
* Buscan que los secuestros virtuales sean un delito en Michoacán
*Proponen crear un registro de agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes
EN LA ENTREVISTA… Elias Galeana, Director del Centro Cultural Arcelor Mittal…
La transformación digital de las instituciones públicas es un paso indispensable para consolidar gobiernos más eficientes, transparentes y cercanos a la ciudadanía, afirmó la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, al participar en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Coordinadora de Gobierno Digital del Estado de Michoacán.
Durante la sesión, en la que participaron representantes de organismos e instituciones de los distintos órdenes de gobierno, se aprobó la Agenda Digital del Estado de Michoacán, instrumento que permitirá fortalecer la modernización institucional, impulsar la innovación tecnológica y mejorar la calidad de los servicios públicos que reciben las y los ciudadanos.
La legisladora destacó que la tecnología debe convertirse en un aliado estratégico para fortalecer la transparencia, optimizar los procesos gubernamentales y facilitar el acceso de la población a los servicios públicos, al tiempo que contribuye a prevenir prácticas de corrupción mediante herramientas digitales que hagan más eficientes las instituciones.
Como presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso del Estado, Adriana Campos reiteró su compromiso de impulsar políticas públicas y reformas que permitan consolidar un gobierno digital moderno, capaz de responder con mayor eficacia a las necesidades de las y los michoacanos.
Recordó que, desde el Poder Legislativo, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado con el propósito de crear una Coordinación de Gobierno Digital dentro del Poder Legislativo, orientada a modernizar los procesos internos y facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública.
Asimismo, promovió reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para incorporar mecanismos tecnológicos que permitan a la población presentar denuncias de manera digital, particularmente en delitos como la extorsión, brindando herramientas más seguras, ágiles y accesibles para acceder a la justicia.
Adriana Campos también ha insistido en la necesidad de fortalecer el presupuesto destinado a la ciencia, la tecnología y la innovación, al considerar que el desarrollo digital debe ir acompañado de mayores recursos que permitan ampliar la infraestructura tecnológica y garantizar que sus beneficios lleguen de manera incluyente a todas las regiones del estado.
Finalmente, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI reiteró que continuará impulsando una agenda legislativa enfocada en la innovación tecnológica y la modernización de las instituciones públicas, convencida de que la transformación digital representa una oportunidad para fortalecer la transparencia, mejorar la atención ciudadana y construir un gobierno más eficiente al servicio de las y los michoacanos. .#CongresoDelEstadoDeMichoacan,@CongresoMich,#cadavozimporta#cadaideacuenta
PARLAMENTO MICHOACANO
La diputada Giulianna Bugarini presentó una iniciativa para incorporar al Código Penal de Michoacán el delito de Coerción Simulada Digital, con el objetivo de sancionar las llamadas conocidas como “secuestro virtual”, en las que delincuentes manipulan psicológicamente a una persona para obtener dinero.
Bugarini explicó que en estos casos no existe una privación física de la libertad, como ocurre en un secuestro tradicional. Sin embargo, mediante llamadas, mensajes o medios digitales, los agresores simulan que un familiar está en peligro, aíslan a la víctima, le ordenan mantenerse incomunicada y la presionan para realizar depósitos o transferencias.
“Que no exista una persona retenida físicamente no significa que no exista violencia. El miedo es real, la manipulación es real y el daño emocional y económico también lo es. Por eso la ley debe reconocer y sancionar esta nueva forma de delincuencia”, afirmó Giulianna Bugarini.
La iniciativa propone crear el artículo 189 Bis del Código Penal del Estado y establecer penas de tres a ocho años de prisión y de 200 a 500 días de multa. Las sanciones aumentarían cuando la víctima sea mujer, menor de edad, persona adulta mayor, persona con discapacidad o se encuentre en una relación de subordinación o dependencia.
“Desde la izquierda entendemos que la tecnología debe servir para comunicar y proteger, no para sembrar terror ni despojar a las familias de su patrimonio. Con esta reforma para tipificar la Coerción Simulada Digital cerramos un vacío legal y fortalecemos la protección de la tranquilidad, la libertad y la seguridad de las personas”, concluyó la legisladora. #CongresoDelEstadoDeMichoacan,@CongresoMich,#cadavozimporta#cadaideacuenta
SEGURIDAD
Bajo la premisa de que la ley debe evitar que se cometa un delito, más que generar mayores sanciones cuando ya se cometió, es que la diputada Ana Vanessa Caratachea propone la creación del Registro Estatal de Personas Sentenciadas por Delitos Sexuales contra Niñas, Niños y Adolescentes.
“Porque cuando una niña o un niño ya fue víctima, no existe sentencia que borre un recuerdo ni prisión que sane un dolor así, no existe reparación del daño capaz de devolverle a esa niña o niño la tranquilidad con la que alguna vez miró el mundo”, expuso la diputada del PAN en tribuna.
Esta información no sería de carácter público, sino que podría ser consultada únicamente por autoridades de seguridad, el Poder Judicial y personas o instituciones públicas o privadas orientadas a la educación, deporte o actividades recreativas dirigidas a niñas, niños o adolescentes.
“Confiamos en quien enseña, en quien cuida, en quien entrena, en quien acompaña, en quienes reciben de nuestras manos lo más valioso que tenemos: nuestros hijos y precisamente ahí comienza la responsabilidad más grande que puede asumir un Estado, proteger esa confianza, porque cuando un agresor sexual ocupa un espacio donde debería existir cuidado, no solamente se comete un delito, se destruye una infancia, se rompe una familia y se lastima la confianza de toda una sociedad”, reflexionó.
La intención de la iniciativa que propone Vanhe Caratachea es modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes al agregarle un capítulo acerca de este registro, que contendría los nombres de personas que hayan sido sentenciadas por delitos de índole sexual.
La diputada de La Piedad enfatizó la necesidad de lograr que este delito no ocurra, porque el abuso sexual infantil es un delito que no finaliza una vez que se cometió, sino que desencadena toda una serie de afectaciones emocionales a la víctima que la acompañan durante años y a veces toda la vida..#CongresoDelEstadoDeMichoacan,@CongresoMich,#cadavozimporta#cadaideacuenta
LA ENTREVISTA: con Elías Galeana, del Centro Cultural Arcelor Mittal…
