- Comisión Interamericana de Derechos Humanos activa mecanismo de revisión a petición de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces del Poder Judicial
- El gobernador de Michoacán presentó propuesta del puerto a Claudia Sheinbaum
- Justicia, deuda histórica con víctimas de violencia de género: Seimujer
- Asignan 430 plazas en el sector educativo
- Plantearán productores de maíz y Gobierno estatal aumentar apoyos a producción del grano.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la solicitud para activar el procedimiento del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, quien les informó por medio de la secretaría que ya se reactivó el mecanismo.
Este mecanismo, es un requerimiento que, de manera confidencial, la Comisión Interamericana le hace al Estado para determinar si una ley, proyecto de ley, política pública o cualquier tipo de acto estatal que pudiera afectar regresivamente los derechos humanos contenidos en la convención americana debe ser mitigado o adecuado a esos estándares interamericanos!
A partir de esa notificación al estado mexicano, debe esperar una respuesta. “En atención a lo expuesto y en virtud del artículo 41 apartados b y d de la Convención Americana, solicitaron a esa Honorable Comisión requerir al Estado mexicano que tome todas las medidas necesarias para que la CIDH pueda contar con toda la información necesaria, en particular sobre:
A). Medidas adoptadas por el Estado para asegurar que cualquier tipo de reforma constitucional o legal que afecte al Poder Judicial y a sus funcionarios (federales, de entidades federativas y del ramo electoral), ya sea el “Plan C” o cualquier otra reforma similar o complementaria, se ajusten y cumplan con los estándares internacionales en materia de independencia judicial y de otros derechos contenidos en la Convención Americana; en especial, respecto de los artículos 8 y 25 de dicho tratado.
B). Que informe sobre cómo instrumentará los derechos al acceso a la justicia y la calidad de la justicia de las personas justiciables y de la sociedad en general en cuanto a los riesgos que implicaría el “Plan C” respecto de:
a. La inminente destitución generalizada de funcionarios judiciales y operadores de justicia -jueces y juezas, magistrados y magistradas, ministros y ministras del Poder Judicial Federal, así como de todas las entidades federativas;
b. La garantía de la carrera judicial y el principio de inamovilidad en el cargo de los funcionarios judiciales;
c. La no regresividad de derechos humanos y el respeto de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas de todos los funcionarios judiciales que se verían afectados con la inminente aprobación del Plan C. En caso de que se decida destituir a jueces y magistrados de carrera judicial, qué tipo de procesos se les entablaría de manera individualizada para justificar el cese de sus cargos; cuál sería la plataforma de derecho a la defensa al debido proceso y a recurrir de esos fallos y cómo se instrumentarían las obligaciones internacionales de reparación integral de eventuales violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho de restitución a sus cargos y otras formas de reparación integral conforme a la jurisprudencia interamericana (daño material, daño inmaterial, otras formas de reparación y derecho de no repetición).
d. La obligación de garantizar la plataforma de protección de derechos humanos en el ámbito judicial ante las constantes amenazas que sufre el personal de los Poderes Judiciales en México y cómo se reestablecerá que puedan ejercer su mandato y fuero internacional que los caracteriza como “defensores de derechos humanos” para que en el ámbito de esa función se mantengan exentos de injerencias impropias de parte de otros poderes.
e. Explicar cómo el modelo de elección popular de jueces y juezas respetaría las garantías objetivas de nombramiento de esos funcionarios en respeto de los principios de carrera judicial a partir del conocimiento judicial demostrado (concursos de méritos y capacidades), experiencia y ética judicial.
f. Explicar cómo el eventual sistema de elección popular de jueces y magistrados sería inclusivo y no selectivo y libre de preselección y filtros políticos y partidistas.
g. Explicar cómo el eventual sistema de elección popular de jueces y magistrados estaría blindado del financiamiento ilegal o de presiones externas de parte de grupos fácticos de poder, incluso de organizaciones de crimen organizado que controlan territorios y distritos electorales (lo cual quedó demostrado durante el proceso electoral pasado donde muchos candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados u obligados a declinar).
h. De qué manera el nuevo modelo de elección popular de jueces y magistrados sería, supuestamente, mejor garante de la Convención Americana y del principio de independencia judicial respecto del actual sistema de selección por concursos de oposición y experiencia judicial.
i. Cómo se instrumentará el debido proceso legal del artículo 8 de la Convención Americana en el marco de los futuros procesos administrativos y disciplinarios que entable el nuevo Consejo Disciplinario y, especialmente, cuáles recursos de apelación por instancia superior a ese Consejo se instrumentarán para que se cumpla con el derecho a un recurso efectivo determinado en el artículo 25 de la Convención Americana y que las decisiones del Consejo Disciplinario no sean de “única instancia” sancionatoria.
j. Cómo se garantizará al Poder Judicial Federal cumplir con sus obligaciones estructurales y salariales en caso de que se eliminen todos los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos actuales y por qué instrumento presupuestario ordinario se sustituirán aquellos fideicomisos.
k. Cómo se respetarán los derechos adquiridos por concepto de “haber de retiro” y los derechos de las personas jubiladas y pensionadas del Poder Judicial -así como de sus derechohabientes- para que no se les reduzcan los emolumentos que ya reciben y que se les respeten esos derechos adquiridos.
l. Cómo se garantizará que las decisiones de la Suprema Corte que actualmente se toman por una mayoría calificada no se vean afectadas mediante la reducción del número de ministros que propone el Plan C en el que una pequeña minoría de tres ministros tendrían mayor poder de decisión que en la actualidad que es una minoría de 4 ministros.
c. Qué medidas se adoptarán para garantizar un amplio debate del Plan C durante la entrada en funciones de la nueva legislatura a partir del mes de septiembre de 2024 que sería la única competente para implementar y cumplir con las reglas de la democracia parlamentaria que exige que reformas al Poder Judicial incluyan la participación efectiva del mismo Poder Judicial, de asociaciones de jueces y empleados del Poder Judicial y de organizaciones de la sociedad civil interesadas como Barras y Colegios de Abogados, sindicatos, cámaras sectoriales y entidades académicas.
d. Cómo se garantizará el derecho de los funcionarios judiciales a ejercer su libertad de expresión y de manifestación pública y pacífica en relación con paros u otras formas de manifestarse respecto del Plan C sin recibir amenazas o represalias.
e. Adicionalmente, y debido a que la aprobación del Plan C podría tener un impacto de orden hemisférico, en virtud del artículo 41 apartado c de la Convención Americana, solicitamos a esa Honorable Comisión Interamericana elaborar un estudio e informe temático sobre la situación de la independencia judicial en México a la luz de un test de convencionalidad, de manera que sirva para evitar que situaciones similares de regresividad de derechos a la Convención como la que ocurriría si se aprobara el Plan C en los términos actuales, sean replicadas en otros países de la región.”
“Como se puede observar, no se debe confundir el mecanismo del artículo 41 con demandas individuales y mucho menos para obtener reparaciones! Ese es otro procedimiento internacional que se activará cuando surjan las afectaciones concretas”, aseguran trabajadores del poder judicial que agotaran los recursos internos.
CORTINILLA
La conectividad efectiva en logística entre los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas se proyecta que detone un nuevo polo de desarrollo económico y comercial para México en la región Pacífico, sumando nueva infraestructura en el puerto michoacano, así es la propuesta planteada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.
El proyecto impactaría de manera positiva a la economía de todo el país con un mayor énfasis a los estados de Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán, este último encabezando como centro neurálgico ante su conexión con los mercados T-MEC y APEC.
La nueva infraestructura que contempla el proyecto incluye la modernización carretera a cuatro carriles entre La Unión-Lázaro Cárdenas-Manzanillo, para lo cual se estima una inversión de 13 mil 228 millones de pesos, lo que establecería una conexión eficaz entre Colima, Michoacán y Guerrero.
Además, se planteó la edificación de un nuevo aeropuerto en Lázaro Cárdenas, el cual tendría capacidad de manejo de aeronaves para movilidad de carga, con una inversión estimada de 2 mil 700 millones de pesos.
Para el proyecto integral se contempla la continuación de la ampliación de la autopista Siglo XXI en el tramo Cuatro Caminos-Lázaro Cárdenas, además una nueva conexión que entrelace las líneas de Canadian Pacific Kansas City (CPKC) y Ferromex, para fortalecer el cabotaje.
Dichas propuestas permitirían la eficiencia logística, reducción de costos operativos y hacer más atractivo al estado para la llegada de inversiones. (Comunicado Gob. Michoacán)
CORTINILLA
En México y Michoacán es urgente repensar la justicia; lo sucedido en el estado de Oaxaca con el caso de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz es alarmante, vergonzoso y bochornoso, externó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Alejandra Anguiano González, al precisar que no existe un compromiso con la justicia hacia las víctimas en los casos de violencia de género, por lo que sigue siendo una deuda histórica.
“Lo que debería ser un pilar en la lucha contra todas las formas de violencia, se ha convertido en un muro más en contra de la construcción de una sociedad más justa y con mayor igualdad; la justicia no debe ser solo una cuestión de normas y procedimientos, sino de proteger a los más vulnerables y de asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos”, sostuvo.
Tras la absolución y posterior revocación de la misma, la secretaria comentó que esta situación es un claro ejemplo de lo que pasa en el país, donde queda de manifiesto lo distante que está la justicia de las víctimas.
“Permitir que un agresor quede en libertad es un mensaje contrario a los anhelos de justicia por parte de las víctimas”, resaltó Anguiano González al dejar en claro que los jueces, una vez más, dan muestra clara de lo frágil que pueden ser corruptibles.
Por lo que destacó que es urgente una reforma al Poder Judicial para que haya un compromiso con la justicia hacia las víctimas en los casos de violencia de género.
EDUCACIÓN
La titular de la SEE, Gabriela Molina, encabezó las ceremonias de entrega de las claves a personal docente y no docente que llegará a más de 50 municipios, entre los que se encuentra Ocampo, Álvaro Obregón, Hidalgo, San Lucas, Tanhuato, Tacámbaro, Tuxpan, Maravatío, Tancítaro, Tzitzio, Yurécuaro y Zitácuaro.
“Bienvenidas y bienvenidos al servicio educativo, lleven a las escuelas corazón, alegría y conocimiento; vamos por el tercer ciclo escolar completo, vamos por una transformación educativa profunda y vamos por hacer historia en la educación en Michoacán”, expuso la jefa del sector educativo.
CORTINILLA
Para presentar una propuesta conjunta del Sistema Producto Maíz y la administración estatal, al Gobierno federal, encaminada a incrementar el número de beneficiarios del precio de garantía de ese grano, así como del programa de incentivos, se reunieron autoridades estatales, federales y productores.
Lo anterior, ante la expectativa de cosechar en Michoacán un millón 900 mil toneladas de maíz para el ciclo primavera-verano 2024, y a que las proyecciones internacionales del precio del maíz presentan caída de precios.
En cuanto a precio de garantía, para beneficiar a pequeños productores en el ciclo primavera-verano 2024, la propuesta es pasar de 66 mil toneladas acopiadas por Segalmex en 2023, a 300 mil en el actual ciclo; a la fecha, el precio por tonelada es de 7 mil 075 pesos que se otorgan a mil 857 beneficiarios.
De incrementarse a 300 mil toneladas acopiadas por la paraestatal, el número de beneficiarios subiría a 5 mil 571 productores en la entidad.
De igual manera, acordaron plantear un apoyo de 500 mil toneladas con incentivo de 950 pesos por tonelada, esto en beneficio de medianos productores de maíz, tal y como se otorga en Sinaloa.
En la reunión participaron el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Cuauhtémoc Ramírez Romero; el presidente del Sistema Producto Maíz, Ismael Torres del Río; el representante en Michoacán de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Francisco Javier Inda Romero; así como representantes de productores y de centros de acopio de las zonas Bajío, Ciénega y Centro.
El titular de la Sader recordó que el Gobierno de Michoacán cuenta con seis centros de acopio que permiten recibir 60 mil toneladas, lo que representa un apoyo para la labor que realiza Segalmex. HASTA AQUÍ LA INFORMACION.
